Ante la escalada de emisiones contaminantes, que se dispararon en 2017 un 4,4%, la mayor subida de los últimos quince años, la Asociación del Transporte Público (ATUC) ha pedido al ministerio para la Transición Energética acelerar la tramitación de la ley de Cambio Climático, para que tenga en cuenta el transporte público como alternativa al vehículo privado.
El tráfico rodado origina la mitad de las emisiones en centros urbanos y, de ellas, más del 90% las originan los coches, informa ATUC, cuyas emisiones aumentaron el año pasado un 2,6%, del 4,4% general, según los datos que el gobierno va a enviar a Bruselas para su validación. Por ello, la asociación considera que la futura ley debería recoger un espacio propio para el transporte público como alternativa al vehículo privado. Máxime teniendo en cuenta las futuras prohibiciones al acceso y aparcamiento en el centro que se esperan en ciudades como Madrid, y que el parque automovilístico en España se encuentra muy ‘dieselizado’, motores que emiten un 15% más, aproximadamente, de dióxido de carbono por litro de carburante que los de gasolina.
En este sentido, ATUC propone que, de los más de 2.100 millones de euros que se ingresarán tras equiparar los impuestos a los carburantes, se dirijan 500 millones, como mínimo, al sistema de transporte público, tanto para contribuir a su financiación como para inversiones que mejoren los servicios, ganar más usuarios y reducir el número de coches en circulación.
Asimismo, la asociación considera que la mera contribución del transporte público a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ya justifica de por sí el desarrollo de uno o varios artículos con medidas y acciones encaminadas a un nuevo modelo de movilidad consensuado entre todas las administraciones competentes en la materia.
Legislación complementaria
ATUC piensa que esta ley del Cambio Climático –que según el Gobierno podría estar lista antes del final del verano– debe instar de forma explícita al desarrollo de una ley de Financiación del Transporte Público, de la que España carece actualmente siendo una excepción en toda Europa. Y es que contar con una financiación estable y compartida entre las distintas administraciones es fundamental dada la relevancia del cambio que se promueve hacia medios sostenibles de transporte.
En este sentido, ATUC también sugiere al gobierno desarrollar un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas, dejando atrás el localismo con el que exclusivamente se aborda en la actualidad y elevándolo a cuestión de Estado, en aras de que se ofrezca la misma dimensión al problema de la contaminación que a su solución.
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “no se entendería que la futura ley no reservara un espacio específico para el transporte público, que hoy en día se trata de la solución más efectiva contra los altos niveles de contaminación en las ciudades y contra las congestiones de tráfico que tantos problemas originan. Si no, véanse el impacto en la reducción de las emisiones, su contribución a la reversión del cambio climático y la disminución de la congestión en los núcleos urbanos”.
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