Gran parte de los 750 radares fijos están inoperativos

Según declaraciones de la directora de la DGT, María Seguí, muchos de los 750 radares fijos que operan en las carreteras españolas bajo el control de este organismo, han dejado de funcionar. La falta de mantenimiento de los mismos durante el anterior Gobierno, sumado a una disminución en la recaudación por multas, son las causas del deterioro de estos dispositivos.

De los 750 radares fijos que operan en las carreteras españolas y que dependen directamente de la Dirección General de Tráfico (DGT), un número muy significativo ha quedado inservible, según ha declarado María Seguí. La directora de este organismo, que no ha concretado la cifra exacta de radares inoperativos, ha atribuido este hecho a la falta de mantenimiento durante el Gobierno del PSOE en conjunción con la caída de la recaudación por multas.

Según se desprende del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), la DGT dispondrá de 860 millones de euros este año, de los cuales 409 se recaudarán a través de la imposición de multas y sanciones, cómo ya informamos en QuintaMarcha.com (http://www.quintamarcha.com/QM/index.php/trafico-recaudara-409-millones-de-euros-en-2012-con-38-millones-de-sanciones). Con estas cifras sobre la mesa, Tráfico ha asegurado que dedicará buena parte de sus esfuerzos y del dinero que dispone para 2012 en reparar los dispositivos dañados o rotos. Sin embargo, y como ha indicado la propia Seguí, un “porcentaje elevadísimo” de ese activo con el que cuentan ya está “comprometido”, pues se destinará a liquidar diversos contratos “heredados” del anterior Gobierno, mientras que otra buena parte del presupuesto, en total 15 millones de euros, irá destinado a “financiar el impulso de la educación vial, sustituir vehículos de la Guardia Civil e implementar los controles antidroga, entre otras prioridades”.

En lo referente a la partida de 136 millones de euros que Tráfico prevé destinar a Hacienda provenientes de la recaudación por multas y tasas, María Seguí ha asegurado que no va a suponer “ni una coma de disminución de los servicios que le llegan al ciudadano”.